Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente SENTENCIA CASACIÓN N LIMA


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1 SUMILLA: Las instancias inferiores debieron tener en consideración que el acto procesal de calificación de la demanda, implica una primera calificación por parte del órgano Jurisdiccional, que evalúa los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción de la demanda; siendo que además, en concordancia con el principio de favorecimiento del proceso, previsto en el numeral 3 del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuando el Juez tenga duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma, a efecto de privilegiar el derecho constitucional al acceso a la jurisdicción. Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA, la causa número dieciocho mil trescientos cincuenta y cinco dos mil dieciséis; de conformidad en parte con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública señalada en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, Sánchez Melgarejo y Bustamante Zegarra; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por Claudia Kelly Navarro Zamora, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y nueve, contra la resolución número seis, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro, que confirmó el auto contenido en la resolución número uno, de fecha dos de marzo de dos mil doce, obrante a fojas catorce, que resuelve declarar improcedente la demanda; en los seguidos por Claudia Kelly Navarro 1

2 Zamora contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal Cofopri y otros, sobre Acción Contencioso Administrativa. II. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Por resolución de fecha quince de febrero de dos mil siete, obrante a fojas treinta y dos del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Claudia Kelly Navarro Zamora, por las siguientes causales: a) Aplicación indebida de los artículos 15 y 16 del Decreto Supremo N MTC; argumentando que el trámite de la vía arbitral no le es aplicable, ya que de acuerdo a la propia norma, su petitorio está excluido de ser ventilado en la vía arbitral, el juzgado no ha tenido en cuenta que la demandante ha cumplido oportunamente con agotar la vías administrativas previas, en observancia de lo establecido en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27584, Ley que Regula el Proceso Conte ncioso Administrativo ante Cofopri, con lo cual ya tendría expedito el derecho para acudir ante las instancias judiciales para hacer valer su derecho. Añade que no serían aplicables al caso en concreto los artículos 15 y 16 del Decreto Supremo N MTC, dado que se debe proteger el derecho del administrado para el acceso a la tutela jurisdiccional, en atención al principio de favorecimiento del proceso contenido en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27584, que en el numeral 3, s egundo párrafo, dispone que: ( ) en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable, sobre la procedencia o no de la demanda, deberá darle trámite a la misma ; b) Vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; señala que dicho precepto garantiza a toda persona la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses, a través del proceso previsto por nuestro ordenamiento jurídico, máxime si toda protección 2

3 jurisdiccional tiene que ser pronta y eficaz; de lo contrario, en muchos casos carecería de sentido; c) Vulneración al principio de debida motivación, reconocido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; refiere que no existe motivación ni lógica al momento que la Sala Superior ha expedido la resolución de segunda instancia, existiendo una motivación deficiente o aparente por parte del Juzgador, quien no ha resuelto la pretensión formulada por la recurrente, significando que no ha emitido pronunciamiento respecto a los argumentos de defensa esgrimidos a favor del administrado, ya que no han cumplido con las exigencias del Acuerdo Plenario N , el mism o que refiere: Que las resoluciones deben contener la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de la ley aplicable y lo que se decide de modo claro y expreso. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: DEMANDA: De la revisión de autos, se tiene que a fojas seis, obra el escrito de demanda interpuesta por Claudia Kelly Navarro Zamora, por la cual solicita como pretensión principal, se declare la nulidad del Oficio N COFOPRI/OZLC, del diecisiete de agosto de dos mil once, que resolvió el recurso de apelación formulado contra el Oficio N COFOPRI/OZLC, que deniega su pedido de nulidad de la Resolución Administrativa que declaró como propietario del inmueble de su propiedad ubicado en la Agrupación de Familias La Planicie, manzana S, lote 16, del distrito de Punta Hermosa, al señor Arturo Chávez-Cabello Campbell. Asimismo, como pretensión subordinada, solicita el pago de la indemnización correspondiente por el hecho de verse privada de su propiedad, por la ilegal adjudicación de su predio a otra persona. De igual manera, en calidad de pretensión accesoria, solicita el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. 3

4 La demandante expone como fundamentos fácticos que, con fecha tres de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, suscribió con el Concejo Distrital de Punta Hermosa, el Contrato de Promesa de Venta N 0667, respecto del Lote N 15 de la manzana S del secto r La Planicie, el cual cuenta con un área de ciento setenta y seis metros cuadrados ( m²), siendo que en dicho inmueble existen edificaciones que fueron levantadas por la señora Vanessa Blume Guzmán con quien anteriormente la Municipalidad de Punta Hermosa había suscrito un primer Contrato de Promesa de Venta pero que no llegó a formalizarse; dichas edificaciones fueron trasferidas a favor de la demandante tal como consta de la minuta de compraventa de fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y nueve; y que dicha cesión fue comunicada a la Municipalidad de Punta Hermosa mediante carta de fecha dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y nueve; motivo por el cual la recurrente señala que ha venido haciendo uso y disfrute de su derecho de propietaria del aludido inmueble, habiendo incluso, cumplido con efectuar los pagos de los impuestos correspondientes sobre el indicado inmueble. En dicho contexto, refiere que el día veinticinco de agosto último, sin motivo alguno y sin ningún derecho que le asista, personas enviadas por el señor Arturo Chávez-Cabello Campbell derrumbaron una pared del muro que resguardaba su terreno e instalaron un portón de fierro que restringe el acceso a su inmueble. Según las averiguaciones, el señor Arturo Chávez- Cabello Campbell, ha obtenido un irregular Título de Propiedad Gratuito otorgado por Cofopri y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual ha sido inscrito en la Partida N de los Regi stros Públicos, con fecha doce de noviembre de dos mil nueve, por ello, es que el citado título constituye un atropello a su derecho de propiedad, declarado, otorgado y reconocido por la misma Municipalidad de Punta Hermosa. 4

5 RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: Mediante resolución de fecha dos de marzo de dos mil doce, obrante a fojas catorce, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar improcedente la demanda; argumentado que la demandante en su pretensión principal lo que está efectuando es una impugnación contra una resolución emitida por Cofopri, la misma que según el artículo 16 literal b) del Decreto Supremo N MTC Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, es de competencia del sistema arbitral, por lo que el A quo concluye que carece de competencia para tramitar el proceso. AUTO DE VISTA: Mediante auto de vista de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confirmar el auto de primera instancia, que declaró la improcedencia de la demanda; argumentando su decisión en que, del tercer considerando del Oficio N COFOPRI/OZLC de fecha diez de diciembre de dos mil diez, cuya validez se cuestiona, se advierte que el Jefe de la Oficina Zonal de Lima - Callao ha señalado: revisado nuestro sistema de titulación, dicho predio se encuentra a favor de Arturo Chávez Cabello Campbell, desde el año dos mil nueve, encontrándose inscrito con el asiento registral de título correspondiente al predio P , conforme se desprende del primer considerando del Oficio N COFOPRI/OZLC, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, por lo que se pretende cuestionar un proceso de titulación de la propiedad informal que ya ha concluido. En dicho contexto, la Sala Superior sostiene que no observa que la demandante haya hecho valer su derecho durante el trámite del referido proceso de titulación, por lo que concluyen que la demandante al no encontrarse de acuerdo con la titulación del referido inmueble a favor del señor Arturo Chávez Cabello Campbell ahora codemandado, a través de la Solicitud P , pretende se declare la cancelación y/o nulidad 5

6 del asiento registral de título correspondiente al predio P Así, el Colegiado Superior refiere que, estando a que la pretensión principal de la demandante consiste en que se declare la nulidad de la resolución emitida por Cofopri en el trámite del procedimiento seguido para la titulación de la propiedad, no corresponde que se tramite ante el Órgano Jurisdiccional, de conformidad con los artículos 16 literal b) y 17 del Decreto Supremo Nº MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, toda vez que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos de excepción de recurrir ante el Sistema Arbitral Especial regulados en el segundo párrafo del artículo 15 del referido dispositivo legal. Siendo ello así, corresponde que la presente controversia sea dilucidada en la vía arbitral, propia para esta materia, expresado en el Sistema Arbitral Especial de la Propiedad para la solución de los conflictos, el cual tiene facultad exclusiva y excluyente de otra jurisdicción. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: IV. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N , el recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la Casación N /La Libertad 1 y Casación N /Arequipa 2 ; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes. 1 DIARIO OFICIAL EL PERUANO : Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas a DIARIO OFICIAL EL PERUANO : Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas a

7 SEGUNDO: Asimismo, habiéndose admitido el recurso de casación tanto por infracción normativa de carácter procesal [artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado], como por la infracción normativa de índole material [artículos 15 y 16 del Decreto Supremo N MTC], corresponde emitir pronunciamiento, en primer lugar, respecto a la infracción normativa procesal, pues de ser amparada la misma, carecerá de objeto emitir pronunciamiento en torno a la infracción normativa material. TERCERO: Resulta adecuado precisar que, el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, ha establecido como derechos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que el debido proceso significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, mientras que la tutela jurisdiccional supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. En la Sentencia del Tribunal Constitucional N PHC/TC, fundam ento séptimo, el citado Tribunal sostiene: ( ) mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales ( ) principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, 7

8 se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. CUARTO: En relación al derecho de acceso a la jurisdicción, como uno de los componentes del derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso, debe destacarse que éste implica la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación de reclamos en un proceso judicial. No obstante, ello no quiere decir que los jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean presentadas sino que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o desestimando la pretensión planteada, de manera razonada y ponderada (Sentencia del Tribunal Constitucional N PA/TC y N P A/TC). QUINTO: Asimismo, uno de los principios esenciales que componen el derecho fundamental al debido proceso, también lo constituye la motivación de las resoluciones judiciales, recogida expresamente, dada su importancia en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; derecho-principio sobre el cual la Corte Suprema en la Casación N Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, indica lo siguiente: ( ) además de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencia constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien 8

9 procede en ejercicio de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva. SEXTO: Bajo dicho contexto, se aprecia que las decisiones emitidas por las instancias de mérito, han resuelto declarar la improcedencia liminar de la demanda, argumentando que la vía competente para conocer el pedido de la actora es el Sistema Arbitral Especial de la Propiedad para la solución de conflictos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Así, la Sala Superior, para sustentar su decisión ha procedido a valorar, en etapa de calificación de demanda, el contenido de los oficios emitidos por Cofopri, cuya validez ha sido cuestionada en la demanda; concluyendo, inclusive, que la demandante en el fondo pretende se declare la nulidad de una resolución emitida por Cofopri en el trámite del procedimiento seguido para la titulación de la propiedad. SÉPTIMO: Al respecto, este Supremo Colegiado advierte que en el estadio procesal en el que fuera expedido el auto de vista que es materia del recurso, esto es, etapa postulatoria del proceso, aún no obran en autos medios probatorios sobre la actuación administrativa de Cofopri para la titulación del demandado, Arturo Chávez Cabello Campbell sobre el lote en controversia; por lo que no es posible verificar a ciencia cierta, si el derecho de propiedad del citado, ha sido obtenido como resultado de la regularización del tracto sucesivo o mediante un procedimiento de prescripción adquisitiva, los cuales constituyen supuestos que exceptúan de recurrir al Sistema Arbitral Especial de la Propiedad, contemplado en el Decreto Supremo N MTC - Texto Único Ordenad o de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, en cuyo caso la actora estaría habilitada para interponer su demanda en la vía del proceso contencioso administrativo. 9

10 OCTAVO: Asimismo, es pertinente señalar que las instancias inferiores debieron tener en consideración que el acto procesal de calificación de la demanda, implica una primera calificación por parte del órgano Jurisdiccional, que evalúa los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción de la demanda; siendo que además debieron advertir que, en concordancia con el principio de favorecimiento del proceso, previsto en el numeral 3 del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N Ley que Regula el Proceso Cont encioso Administrativo, cuando el Juez tenga duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma, a efecto de privilegiar el derecho constitucional al acceso a la jurisdicción antes que cualquier exigencia formal o cualquier otro tipo de barrera que impida o restrinja dicho derecho 3. NOVENO: Por lo antes expuesto, se observa que tanto el auto de vista materia del recurso, como la decisión emitida en primera instancia, han infringido el derecho de acceso a la jurisdicción de la demandante, al haber declarado la improcedencia in límine de su demanda, sin haber considerado como fundamento de sus decisiones, las implicancias del acto procesal de calificación de demanda, así como el haber inobservado el principio de favorecimiento del proceso, previsto por el numeral 3 del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N , por lo que tales decisiones adolecen de nulidad insubsanable, al amparo de lo dispuesto por el artículo 171 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a la presente controversia, debiendo renovarse el acto procesal viciado. IV. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Claudia Kelly Navarro Zamora, de fecha nueve 3 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima: ARA Editores, p

11 de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y nueve; en consecuencia, NULA la resolución número seis, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro; e INSUBSISTENTE el auto contenido en la resolución número uno, de fecha dos de marzo de dos mil doce, obrante a fojas catorce, que declaró improcedente la demanda; ORDENARON que el A quo emita nueva resolución en atención a los fundamentos que anteceden, con arreglo a derecho y al proceso; en los seguidos por Claudia Kelly Navarro Zamora contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal Cofopri y otros, sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI RUEDA FERNÁNDEZ WONG ABAD SÁNCHEZ MELGAREJO BUSTAMANTE ZEGARRA Ncb/Foms. 11

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